¿Qué pasa y qué no en los penales de la Provincia? En noviembre se reanudaron oficialmente las visitas, suspendidas por la pandemia. Era uno de los reclamos de las personas presas, en medio del hacinamiento asfixiante. Fuera de agenda de los grandes medios, los organismos de derechos humanos denuncian que la represión de principios de este mes dejó unos mil heridos. Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, los recibió en su despacho y ratificó el plan del Gobierno: construir más cárceles. Repaso de las últimas semanas de una realidad dramática.
Por Lucrecia Bibini – Fotos Matías Adhemar
Noviembre inició con una inmensa represión llevada adelante por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) contra privados de su libertad de distintas unidades carcelarias, que según los organismos de derechos humanos que trabajan en los penales, dejó un saldo de más de mil heridos entre leves y graves.
Quema de colchones, toma de pabellones, motines en los techos y huelgas de hambre fueron los medios empleados por los internos para lograr visibilidad y que la sociedad pudiera tomar conocimiento de la situación en las cárceles y de la violación de sus derechos. La respuesta que recibieron fueron golpes, disparos, traslados masivos y el robo y la destrucción de sus pertenencias.
En los medios masivos se dijo que los presos reclamaban la reanudación de las visitas, que se vieron interrumpidas por las medidas de aislamiento dispuestas para enfrentar la pandemia de coronavirus y pusieron el foco en una presunta “liberación masiva de presos”. Pero no era solo eso. Lo que se pretende realmente es la activación de la mesa de diálogo instalada en diciembre de 2019, con representantes del Ministerio de Seguridad, del Servicio Penitenciario, del Gobierno de la Provincia, del Poder Judicial, legisladores, organizaciones sociales y derechos humanos, para repensar el sistema penitenciario y, con la mayor urgencia posible, resolver el tema de la sobrepoblación carcelaria.
El levantamiento de los penales fue el último día de octubre y el primero de noviembre. Durante esas dos jornadas, funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia recorrieron la Unidad 10 de Melchor Romero, la 31 de Florencio Varela, la 48 de San Martín, la 1 de Olmos y la 41 de Lomas de Zamora, y los pabellones 4 y 14 B de la Unidad 9 de La Plata, según un comunicado oficial.
El lunes 2 de noviembre el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, se reunió con representantes del Ministerio de Salud, de Salud Comunitaria y del SPB para trabajar conjuntamente un protocolo de visitas de familiares, que se reanudaron en algunos penales el sábado 7 y oficialmente en toda la unidades bonaerenses el sábado 14. Entre los asistentes a la reunión estuvo Xavier Areses, director del SPB puesto por la exgobernadora María Eugenia Vidal, a quien muchos responsabilizan por la represión.
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El viernes 5 de noviembre familiares de detenidxs en las cárceles bonaerenses dieron cierre en La Plata a la “Cruzada por la libertad”, una recorrida por distintas dependencias estatales y judiciales de la provincia.
La estación de trenes platense fue el punto de encuentro de los familiares, que venían organizándose desde hacía varias semanas. Desde allí marcharon a Gobernación, al Consejo de la Magistratura de la provincia y a la Torre 2. En esta última, exigieron la renuncia de Areses.
“Lo que estamos reclamando es que se respeten los derechos de nuestros familiares detenidos. Están hacinados. No los atiende Sanidad. Si no los podemos visitar, no podemos llevarles comida, medicamentos, ropa, artículos de higiene. A veces tenemos que llevarle hasta agua”, dijo una de las mujeres en la convocatoria, mientras marchaba desde Plaza San Martín hacia el Consejo de la Magistratura. Y agregó: “Este fin de semana los golpearon, les dispararon. Hay chicos muy heridos. Ella tiene el marido muy lastimado. Yo, por suerte, pude comunicarme con el mío”.
Al llegar a las rejas del edificio, un oficial anuncia que no pueden recibir a todos los familiares, que lo rodean formando una medialuna. La mayor parte de las personas que están intentando hablar con alguna autoridad son mujeres: esposas, madres, hermanas de privados y privadas de su libertad que trajeron escritos y que esperan que sean recibidos y firmados. “Si no nos ponen un sello y no lo firman, ¿sabés qué hacen con estos papeles? Se limpian el orto”, dice una de ellas, mientras las demás asienten antes de que termine la frase.
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El Centro de Estudios Legales y Sociales publicó un hilo en Twitter en donde explica brevemente la situación en las cárceles, a partir de la represión de los reclamos en “al menos doce unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense”. Entre los puntos señalados, destacan que “el conflicto ocurrió por la falta de respuesta a muchas otras demandas relacionadas con la ausencia de políticas sanitarias y de medidas judiciales que permitan descomprimir un sistema penitenciario colapsado y que éstas son las consecuencias de no intervenir a tiempo y de la decisión de la Suprema Corte de restringir las soluciones colectivas. A esta altura, es urgente que se tomen medidas para aliviar la situación de hacinamiento”.
El martes 10 de noviembre, el Ministro de Justicia Julio Alak recibió a representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza (APDH), del Colectivo de Comunicación Popular Radio La Cantora, del Colectivo de Amigos y Familiares de la China Cuellar, y de la Gremial de abogados y abogadas de la República Argentina. En la reunión, los representantes de los diferentes colectivos expresaron su postura en contra de la construcción de más unidades carcelarias, condenaron la represión del 31 de octubre y el 1 de noviembre, la falta de asistencia sanitaria a los heridos, y los traslados arbitrarios.
Una de las peticiones fue la intervención urgente del Servicio Penitenciario Bonaerense: “Entendemos que el problema es el tipo de gerenciamiento de las unidades carcelarias con prácticas mafiosas favorecidas en la actualidad por el hacinamiento”.
También pidieron que “ante la negativa del Poder Judicial de otorgar libertades condicionales, arrestos domiciliarios, salidas transitorias –laborales o educativas– libertades asistidas en término de condicional y por agotamiento de pena, aplicación del estímulo educativo y, frente a la inflación punitiva con el abuso de la aplicación de la prisión preventiva, el gobierno de la provincia evalué hacer uso de las herramientas que le otorga la constitución provincial de conmutar penas y/o articule las medidas necesarias tendientes a una posible compensación de las mismas por el sufrimiento infringido, al no haber cumplido con las condiciones de detención que profesa la norma y los pactos internacionales de derechos humanos, instalando el tema en la agenda del poder legislativo”.
¿Qué dijo Alak? Que el Ministerio está al tanto de todo lo que le expresaron y que estaba evaluando la posibilidad de “reactivar las mesas de diálogo con una nueva impronta acorde al diseño de políticas públicas que impacten ciertamente en la resolución de las complejidades que la emergencia impone”. Luego agradeció el encuentro y dijo que pronto habría novedades.
-Todo bla bla, ma. Lo que todxs queremos es una mesa provincial de diálogo. Resumió un privado de su libertad.
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Según un informe de Naciones Unidas (ONU), el sistema penitenciario bonaerense cuenta con 24.100 plazas y una capacidad tolerable o adaptada de hasta 31.281 plazas. 46.565 personas privadas de su libertad se encuentran alojadas en el sistema penitenciario bonaerense, y esta cifra representa más del 50% de la totalidad de los detenidos en el país.
En la Provincia, 40.968 personas se encuentran alojadas en las distintas Unidades Penitenciarias y Alcaidías, 5.471 en dependencias policiales y 2.126 bajo el régimen de monitoreo electrónico. El déficit de plazas es mayor a las 20.000.
En ese contexto, el gobierno de Axel Kicillof se enfrenta ante un desafío con presiones desde todos los frentes, sabiendo que una parte de la sociedad y los medios no tolera escuchar sobre prisiones domiciliarias, excarcelaciones o conmutaciones de penas.
Con las cifras del informe de la ONU como referencia, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se trabaja en un Plan de Infraestructura Penitenciaria que, según se argumenta, se haría acorde a las necesidades de cada región y a los requerimientos de la legislación y normativa internacional, y serviría para reducir la sobrepoblación carcelaria, mejorar la formación y capacitación laboral de las personas privadas de la libertad y regionalizar la ejecución de las penas preservando los lazos familiares y sociales de los detenidos, entre otros objetivos.
Mientras tanto, familiares de privadxs de su libertad organizadxs continúan denunciando traslados arbitrarios, golpes, torturas y robos de pertenencias, y exigiendo que se constituya la mesa de diálogo que incluya a representantes de los tres poderes.
Fuente: Perycia (Periodismo y Justicia)
