El abogado chascomunense Francisco Verbic, junto a Andrés Bernal y Augusto Martinelli, publicaron columna hoy domingo en el sitio Cohete a la Luna, donde plantearon que «tras la reestructuración se abre la negociación con el FMI, pero no de cualquier manera».
I. ¿El crédito con el FMI es nulo? Sí, es nulo
La última nota que publicamos en el Cohete a la Luna y Tiempo Argentino, titulada La deuda con el FMI es ilegal generó sus rebotes. Recibimos numerosas devoluciones y preguntas desde distintos ámbitos. Sin dudas, el punto que más debate generó fue la información relativa al planteo de nulidad de un acuerdo de 57.000 millones de dólares, de los cuales más del 77% ya fueron desembolsado por el FMI.
En este sentido, nos llegaron inquietudes y cuestionamientos sobre la viabilidad de plantear una acción de nulidad que, de ser receptada favorablemente por el Poder Judicial, implicaría retrotraer la situación al escenario previo a la firma de la primera Carta de Intención. Estas preocupaciones podrían resumirse en una sola pregunta: ¿acaso sería posible que Argentina no devuelva los 44.000 millones de dólares que el Fondo nos prestó?
También recibimos comentarios e interrogantes acerca de cómo podría impactar el planteo en el actual escenario político y social. Hoy en día, todo indica que el FMI busca posicionarse como un aliado de Argentina y otros países en vías de desarrollo. En este sentido, también pareciera que el FMI, acaso por primera vez en su historia, estaría más inclinado a incentivar programas de inversión y expansión económica en lugar de los programas de ajuste a los que nos tiene acostumbrados.
En tal contexto, podría sostenerse que es imprudente afirmar en el debate público (y mucho más discutir ante el Poder Judicial) que el acuerdo con el FMI es nulo. Especialmente cuando, al mismo tiempo, el Fondo apoyó a nuestro país en la dura negociación con los bonistas. Y más aún si tenemos en cuenta que, ya cerrado el frente externo privado, la próxima parada que nos espera es el propio FMI.
Al respecto queremos señalar dos cosas. La primera es que se trata de una preocupación legítima para quienes no conocen los pormenores del asunto. La segunda es que tal preocupación resulta infundada si consideramos los alcances del planteo judicial, lo cual explicaremos más abajo en esta breve nota.
II. ¿Cómo llegamos hasta acá?
La Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), de la cual formamos parte, es un espacio jurídico/político que fue tomando forma a partir de distintas experiencias profesionales enfocadas principalmente en conflictos de interés público que involucran a la sociedad en general o a ciertos sectores específicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La investigación sobre la toma del crédito más importante que concedió el FMI en toda su historia comenzó a mediados de 2018 con algunas preguntas simples. ¿Cuáles son los fundamentos, si es que existen, que justificaron tomar semejante nivel de deuda? En caso de que existieran razones valederas, ¿cuál sería el destino de ese dinero? Y aún concediendo que la deuda pudiera contraerse por el Poder Ejecutivo sin intervención del Congreso, ¿qué procedimientos se siguieron para tomar semejante decisión?
La primera etapa de esta investigación duró casi un año. Acompañando al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y al Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN), poco a poco fuimos accediendo a documentos públicos que demostraban que la gestión anterior había endeudado a nuestro país con el FMI sin cumplir con los procedimientos y con diversos requisitos legales que exige el marco normativo argentino.
Como repetimos en varias oportunidades, quien necesite comprar resmas de papel en cualquier repartición pública debe cumplir una serie de procedimientos y requisitos legales para dejar debidamente asentadas las razones y las causas que justifican utilizar recursos públicos con ese objeto. Si para un trámite tan sencillo y cotidiano las funcionarias y funcionarios públicos están sujetos a normas estrictas que hacen a la transparencia y buena administración de los recursos públicos, al principio de legalidad y, por tanto, a la vigencia del Estado de Derecho, no hace falta demasiado esfuerzo para concluir que lo mismo debió suceder para contraer el crédito con el FMI.
La primera etapa de esta investigación terminó en abril de 2019, cuando nos entregaron los expedientes administrativos en que tramitaron las dos Cartas de Intención (la del crédito inicial y la de su ampliación posterior). Su resultado nos confirmó lo que siempre sospechamos: el gobierno de Cambiemos hipotecó el futuro de nuestro país violando nuestras leyes y sin dejar constancia de la hoja de ruta que siguieron al efecto.
Frente a este escenario, desde CAIP nos preguntamos: ¿y ahora qué? ¿Es suficiente haber demostrado (con documentos oficiales proveídos por el propio Estado) que la toma de deuda con el FMI no cumplió con los estándares básicos en materia de administración pública, publicidad de los actos de gobierno, legalidad y razonabilidad en la toma de decisiones?
Luego de intensos debates, entendimos que no podíamos dejar el tema ahí. Debíamos iniciar una nueva etapa de nuestro trabajo, esta vez enfocada en dos nuevos objetivos a partir de la información pública obtenida. Primero, lograr que NUNCA MAS el Poder Ejecutivo pueda tomar deuda soberana de la misma forma en que lo hizo la gestión anterior. Segundo, avanzar hacia la efectivización de la responsabilidad personal de las funcionarias y funcionarios que participaron, por acción u omisión, en la toma de deuda con el FMI.
Fue por eso que, junto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el 3 de diciembre de 2019 promovimos en el fuero contencioso administrativo federal una acción declarativa de nulidad de todo lo actuado para contraer el crédito y posteriormente ampliarlo.
III. Una acción de nulidad con efectos modulados
En el ámbito del derecho administrativo, una acción de nulidad es un reclamo judicial que busca obtener una sentencia que declare que determinado accionar del Estado no cumplió con los requisitos esenciales exigidos por la normativa vigente. Si la parte interesada demuestra este incumplimiento, debería obtener una sentencia que deje sin efecto lo actuado y retrotraiga la situación al momento previo al incumplimiento. Una declaración de nulidad en este sentido implica que lo actuado “muere”. Es como si el accionar estatal cuestionado no hubiera existido.
Claro que, para que la nulidad tenga este efecto, es imprescindible que la situación pueda volver a un estado previo. Lamentablemente, el caso del FMI nos enfrenta con una situación en la cual esto no es posible. Por más que la anterior gestión haya incumplido una larga lista de requisitos previos y esenciales para contraer el crédito con el FMI, hoy en día es materialmente imposible retrotraer la situación al escenario previo al endeudamiento. Argentina ya no cuenta con los miles de millones de dólares que fueron desembolsados.
Nuestra demanda tuvo en cuenta este aspecto. Por eso solicitamos al Poder Judicial una declaración de nulidad con “efectos modulados”. En nuestro escrito de demanda sostuvimos al respecto lo siguiente: “Hemos demostrado la nulidad de todo lo actuado para endeudar al país con el FMI. Sin embargo, más allá de esa manifiesta, absoluta e insanable nulidad, lo cierto es que el FMI efectuó desembolsos por la suma de cuarenta y cuatro mil millones de dólares hasta el día de la fecha, y que esas sumas ya han sido asignadas y ejecutadas presupuestariamente por el PEN casi en su totalidad».
«Además, como el FMI no forma parte de esta discusión judicial porque su causa se funda en violaciones al derecho nacional, somos conscientes de que no será posible oponerle lo resuelto en este caso».
«Entendemos que todo esto implica una imposibilidad, o bien extrema dificultad material, de volver las cosas a su estado anterior tal como exigiría una declaración de nulidad ‘tradicional’. Por eso, y en atención al carácter absolutamente excepcional del caso, solicitamos expresamente que el Poder Judicial evalúe la posibilidad de modular los efectos de la sentencia”.
Puesto en términos simples: le pedimos al Poder Judicial que, a través de una sentencia, establezca que la toma de deuda con el FMI no cumplió requisitos que eran esenciales. Si bien no podemos volver al pasado, una sentencia de estas características permitiría cumplir los objetivos que nos planteamos. Impedir que se repita una forma tan irregular de endeudar a todo un país y sus millones de habitantes, y lograr que se juzgue la responsabilidad civil y penal de las personas responsables de este endeudamiento.
Si bien la acción de nulidad con efectos modulados no es la regla en este tipo de procesos judiciales, es evidente que nos encontramos ante un caso de naturaleza absolutamente excepcional. Además, no se trata de un planteo infundado. En el caso “Monges” la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó el mismo criterio.
En definitiva, como es materialmente imposible retrotraer la situación a la etapa previa a la toma de deuda con el FMI, como todos los incumplimientos denunciados son de derecho nacional y como no es posible demandar al Fondo ante tribunales argentinos, pedimos al Poder Judicial una decisión razonable: que declare la nulidad de todo lo actuado, aunque con efectos solo hacia el futuro.
IV. El éxito de la restructuración de deuda privada basada en el principio de sostenibilidad
El martes 4 de agosto el gobierno alcanzó un objetivo fundamental para que nuestro país pueda encarar una etapa de desarrollo sostenible e inclusivo. Contra los malos augurios y constantes presiones de los sectores de poder económico-financiero y medios de comunicación hegemónicos, Martín Guzman logró lo que buscaba.
Según trascendidos públicos, pareciera que Argentina no solo reestructuró exitosamente su deuda externa con bonistas privados sino que, aún mejor, logró superar las mayorías que requieren las famosas “cláusulas de acción colectiva” para que el acuerdo obligue a todos los acreedores. Cuando decimos a todos nos referimos, especialmente, a aquellos que pretendieran no aceptar la oferta (holdouts, si los conoceremos…).
En varias oportunidades, el Ministro de Economía dejó en claro que la negociación sería de buena fe y que Argentina no estaba dispuesta a cerrar un acuerdo que no fuera sostenible en el futuro. Afortunadamente, todo indica que el acuerdo logrado cumple con esta premisa. Y si bien podemos afirmar que todes sentimos un fuerte alivio y alegría por el objetivo logrado, también sabemos que la próxima parada que tenemos no es nada sencilla. Ahora debemos negociar con el FMI.
Por otra parte, según también trascendió, el gobierno notificó al FMI que no continuará con el acuerdo formalizado por la gestión anterior (el que nosotros atacamos con la acción de nulidad). Al mismo tiempo, expresó su intención de generar un nuevo acuerdo con el organismo que, en vez de obligar a la Argentina a ajustar en detrimento de los sectores más desaventajados, permita al país realizar una fuerte inversión que reactive a la economía.
Acá es donde los puntos se conectan.
Pese a quien le pese, el gobierno nacional se encuentra en vísperas de negociar con el coautor del acuerdo espurio que el macrismo nos legó. Muches no nos sentaríamos en esa mesa, claro, pero el gobierno nacional no tiene esa opción. La dependencia premeditadamente instalada por Macri nos fuerza a negociar hasta obtener el mejor acuerdo posible para el pueblo argentino. Uno que permita al país salir de la asfixia económica y financiera en la que nos encontramos para poder, así, implementar políticas públicas de desarrollo sostenido e inclusivo.
V. Nunca más de esta manera
Sin perjuicio del escenario en el que nos encontramos, hay algo muy importante que la actual gestión no debiera pasar por alto: el crédito anterior tiene menos respaldo documental que un crédito a sola firma en una financiera de mala muerte.
Se contrajo sin expediente administrativo, sin dictamen jurídico previo, sin el dictamen específico del BCRA sobre impacto del crédito en la balanza de pago, con memorandos que no se apoyan en estudio, informe o dictamen técnico alguno, y sin que exista siquiera una decisión formal del Presidente que manifestara la voluntad estatal de avanzar en el sentido que se avanzó.
Esto no puede ocurrir nunca más.
Como el propio Ministro de Economía enfatiza cada vez que tiene la oportunidad, necesitamos conseguir que nuestra deuda externa sea sostenible. Con ese objetivo en mente, también es necesario demostrar que es posible negociar un acuerdo con el FMI cumpliendo los requisitos legales y de procedimiento que exige nuestro sistema normativo.
Nunca más un endeudamiento del país a sola firma.
