Hace dos años, el Senado rechazó por 38 votos a 31 el proyecto de ley de «interrupción voluntaria del embarazo» y cerró la posibilidad de legalizar el aborto en Argentina, legislación que había tenido su prueba de fuego y aprobación en Diputados, dos meses antes. Yanina Gazzaniga, militante feminista y actual directora de Políticas de Género, reflexionó en entrevista con ANTI sobre aquella jornada y, además, repasó otros temas de la agenda: Ley Micaela y violencia de género.

 ¿Qué consideraciones hace a dos años de la no aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo?

Es una deuda de la salud pública, la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. Si bien tenemos protocolos y el aborto es legal desde 1921 en algunas situaciones, falta mucho. Hay que entender y pensar esta problemática desde el eje de la salud, entendiéndola como un proceso complejo que no implica solo no estar enfermo. Si comprendemos este concepto amplio vale preguntarse cuán nocivo es para la mujer llevar una gestación sin su consentimiento y deseo. Además, como sociedad tenemos que sacar los sesgos y las cuestiones subjetivas sobre esta problemática y comprender que las decisiones sobre el cuerpo y la salud son propias de cada uno.

Espero que cuando se vuelva a tratar en el Congreso se piense en estas cuestiones y una vez aprobada se den los procesos para que la interrupción voluntaria se pueda llevar a cabo. Que el acceso a la metodología no sea un obstáculo. Necesitamos la ley y el procedimiento que la acompañe.

¿Participó de la convocatoria hace dos años? ¿Qué expectativas tenía respecto del debate?

Estuve en las movilizaciones, había mucha expectativa en el ambiente porque se trata de una lucha de años, de diferentes movimientos feministas y del colectivo LGTB. Sabíamos, de todas formas, que falta bastante. Hay que dejar de lado subjetividades, creencias y cuestiones personales que atropellan, de alguna manera, las decisiones y repercuten, de esa forma, en la no obtención de derechos para las mujeres o personas gestantes.

¿Qué le falta a la problemática para que se convierta en ley?

No se legalizó todavía porque todo lo que conlleva la ampliación de derechos, barrer un poco las bases y las estructuras de la sociedad, cuesta. Más derechos significan brindar herramientas y posibilidades para vivir en un lugar más justo y equitativo. Después, cada uno es quien decide, porque haya matrimonio igualitario no vas a tener que casarte con una persona de tu mismo sexo, lo mismo si el aborto es voluntario y legal, nadie te va a obligar a realizarlo. No se dio todavía porque nos debemos un debate serio, dejar de lado cuestiones subjetivas, hasta religiosas, y pensar en las decisiones y voluntades de las personas gestantes en este caso.

¿Cuál es el acompañamiento de la Dirección a las mujeres que se acercan con la intención de interrumpir el embarazo?

Desde la Dirección se han tenido que dar diferentes orientaciones. En la ciudad de Chascomús hay algunos Centros de Atención Primaria que tienen los espacios de consejería para la interrupción legal del embarazo. A través de un equipo interdisciplinario, formado por clínico, psicólogo y trabajador social, se brindan herramientas de escucha y orientación si encuadra la situación en una posible interrupción legal, de acuerdo a las causales previstas. Hay algunos profesionales de la salud, que se denominan objetores de conciencia, que no participan de estos espacios, pero hay otros que, como prevé el protocolo, lo realizan. En la actualidad, que hay de nuevo Ministerio de Salud, se podrá plasmar todo lo que conlleva la ley en caso de aprobarse, desde la atención médica hasta las herramientas para hacerlo factible.

¿Chascomús tiene estadísticas respecto del tema?

No puedo hablar de estadísticas pero sí desde la experiencia. Al haber trabajado como profesional en estas consejerías sé que hay mucha demanda en cuanto a consultas, no todas terminan en la interrupción. Estos espacios constituyen una herramienta para que la mujer decida, siempre que se manifieste alguna de las causales previstas en el código. Cuando accede se la escucha, se le brinda información y orientación para que tome la mejor decisión posible.

Temas emergentes de la agenda feminista

Micaela García, joven entrerriana víctima de femicidio en abril de 2017, cumpliría este 9 de agosto 25 años. La Ley Micaela, que establece capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y prevención de la violencia para todas las personas que se desempeñan en la función pública, es la consecuencia legislativa del crimen. Esta semana, la norma fue mencionada en distintos medios de comunicación a raíz de las entrevistas concedidas por Santiago Terán, fiscal de Cutral Có, provincia de Neuquén, quien, por un lado, propuso la portación de armas para mujeres que sufren violencia de género y, por el otro, maltrató a la periodista Lucila Trujillo para defender su postura. Dada la relevancia de la ley, Yanina Gazzaniga, se refirió a su implementación e hizo consideraciones sobre las denuncias de violencia de género en el distrito de Chascomús.

¿Qué opina del contenido de la Ley Micaela?

Chascomús, en julio, adhirió a la Ley Micaela, lo cual es muy bueno. Antes de que estuviera la ordenanza y se discutiera en las comisiones del Concejo Deliberante, desde la Dirección de Políticas de Género y de Capital Humano, hemos trabajado en la implementación de la ley, incluso tuvimos una primera instancia de capacitación con el intendente, secretarios y subsecretarios. Después, debido al contexto de pandemia, no pudimos continuar y se planteó seguirlo en modo presencial cuando esto pase, el tipo de temática lo exige.

¿Qué le parece la decisión del padre de Micaela, Néstor “Yuyo” García, de dedicarse a ser formador y replicador de la ley?

Tuve contacto, le manifesté como trabajamos el tema en Chascomús y, de hecho, participamos desde la Dirección en una instancia de formación de formadores para interiorizarnos de como llevar a cabo la implementación en el distrito. Es para destacar su trabajo, cómo transformó el dolor en experiencia y hacer de eso política pública para cambiar y poner la perspectiva de género en los ámbitos estatales y en la comunidad en general.

¿Cómo y en qué plazos se realizarían las capacitaciones en Chascomús después de la pandemia?

La Dirección es el organismo de aplicación de la ley, se empezó pero esta situación generó dificultades. Está en la agenda, próximo a realizar, junto con la Dirección de Capital Humano, que ya tiene formación y puede brindar estos espacios porque tiene la certificación del IPAP (Instituto Provincial de la Administración Pública) para realizarlo. La idea es, como prevé la legislación, que todos los estamentos del Estado se capaciten en la materia.

¿Cuáles son las principales falencias en materia de género que observa en la administración pública?

Tienen que ver con cuestiones de la cotidianeidad, con que no hay una perspectiva de género, ya sea cuando se atiende a las personas, o bien, dentro del propio ámbito laboral, donde hay cuestiones en las que no se respeta e iguala. Hacen falta espacios más equitativos. Es un proceso de deconstrucción social y cultural que tenemos que hacer, donde el posicionamiento que tiene la mujer, tanto en la vida cotidiana como en el trabajo, tiene que incluir mismos derechos y reconocimiento de su tarea, sin importar el género.

¿Se incrementaron las denuncias por violencia de género durante el aislamiento?

Se ve una agudización de la problemática, porque las personas que sufren violencia se encuentran más tiempo con su agresor en la vivienda. Además, el actual contexto económico, social y sanitario no les permite dejar la casa, termina siendo un obstaculizador para encontrar trabajo o generar situaciones que permitan superar la cuestión. Muchas veces la mujer sufre violencia económica y está obligada a quedarse, no se anima a denunciar o abandonar el vínculo.

Me parece importante destacar que el incremento de las denuncias tiene que ver también con un proceso de desnaturalización de la violencia, de las mujeres empoderándose y pidiéndole a la justicia que intervenga. Si bien el número no es bueno o no es lo que uno espera, también tiene que hacerse un doble análisis y entender que el incremento se debe a que antes había cuestiones que se naturalizaban, se está entendiendo que violencia no es solo que te peguen y entonces se visibilizan un montón de otras cuestiones.