Petite Francese plantea una serie de cuestionamientos ante el fallecimiento de Raúl Dávila, de solo 22 años, como producto de las quemaduras en su cuerpo al prender fuego colchón en el calabozo donde estaba detenido hacía varios días.
¿Quién es el JUEZ de la causa por la que el joven Dávila estaba en prisión? ¿Cuál era esa causa, y si ameritaba más de 10 días de prisión (según prensa), sin proceso en curso? ¿Era por el delito de resistencia a la autoridad, tipificado de la siguiente manera?: “Art. 237: “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.” ¿Es razonable en un delito de menos de un año de prisión este “encarcelamiento preventivo”?? ¿Dónde está esa orden? ¿Quién la dió? ¿Existió actuación de algún abogado defensor? ¿o el Defensor Oficial?
¿Quién es el JUEZ de la causa que instruye la, como mínimo, “MUERTE DUDOSA” del joven Dávila, en el ámbito de la institución que debe cuidar nuestra seguridad, y en especial de quienes están bajo su custodia, como son los presos en la comisaría? ¿Quién es el Fiscal? ¿Quién peritó las causas del incendio? ¿Por qué se incendian los colchones si deben ser ignífugos? ¿Cómo podría haber en un calabozo elementos para prender fuego (encendedor, fósforos), si realmente el propio preso lo hubiera hecho, como apuntan algunas versiones surgidas de policía? ¿Cómo podría haber elementos combustibles? ¿cómo llegarían? De ser así hay un flagrante descuido en la requisa. Si como dicen medios de prensa, las quemaduras alcanzaron un 60% de su cuerpo, como para provocar su muerte, luego de unas horas de internación en terapia intensiva, el tiempo del incendio y su afectación al jóven Dávila, ha sido lo suficientemente largo, como para que no haya habido rapidez en acudir en su socorro. Ni que hablar del olor que causa ese tipo de material al inicio mismo de la combustión. Incomprensible la falta de auxilio inmediato, antes de la tragedia. ¿Cómo fue que el “incendio” afectó solo al joven Dávila, y no al resto de los presos? ¿Están en celdas individuales, o solo él lo estaba? De ser así, ¿Por qué?¿Se preguntó a los demás presos si están en condiciones de provocar un incendio con los elementos que deja en su poder la requisa policial? Si así fuera, con los antecedentes que existen de muchas comisarías bonaerenses, sería una falta gravísima de la conducción. ¿Ya se apartó al personal policial de guardia del día del hecho, y se iniciaron los sumarios correspondientes?
Es también imposible de eludir la responsabilidad operativa y de conducción de la máxima autoridad policial de la Comisaría.
Los chascomunenses, que ya tenemos demasiados muertos en nuestra comisaría, y otros vecinos en ámbitos carcelarios, nos merecemos las respuestas a estas preguntas, y otras tantas que seguro, en este escribir indignado y apurado, me he olvidado.
Por el joven Raúl Dávila, por su familia y amigos, y en definitiva por todos y todas que merecemos vivir en paz y democracia, con justicia, necesitamos que esta muerte incomprensible (una más) se esclarezca a fondo, y no se transforme en un expediente formal, para cubrir las apariencias, y dale que todo sigue igual.
INFORME DE COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Dos nuevas muertes producidas por la policía bonaerense
En la madrugada del viernes, oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas Nahuel Verón (18) en Villa Scaso, La Matanza, el día de su cumpleaños. En la tarde de ayer falleció en Chascomús Raúl Dávila (22) víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local donde estaba detenido por resistencia a la autoridad. Estos hechos que se conocieron en las últimas horas significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich y la misma fuerza policial acaba de ser apartada de la investigación por principal sospechosa. La Comisión por la Memoria, querellante en la causa Astudillo Castro en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene también en estos dos nuevos casos de violencia policial.
En el mes de junio la policía bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel.
En la madrugada del viernes, Lucas Nahuel Verón, que estaba cumpliendo 18 años, fue con un amigo al maxikiosco del barrio en Villa Scaso, La Matanza a comprar gaseosas. Cuando regresaban en moto un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar.
La Comisión por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho ayer por la mañana a través de la agrupación HIJOS La Matanza, con quienes desde hace tiempo articula políticas de derechos humanos en el territorio y llevan a cabo tareas de monitoreo sobre la intervención policial. Inmediatamente la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó varias comunicaciones urgentes con la Fiscalía de Homicidios que interviene, la Fiscalía General de La Matanza y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias de la Procuración General.
La rápida intervención de los militantes de HIJOS La Matanza que se constituyeron en el lugar, tomaron contacto con la familia y buscaron testigos, permitió la resolución inmediata del hecho: los policías de la bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron detenidos por requerimiento de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza a cargo del Dr. Juan Pablo Tahtagian.
Por su parte, la CPM reclamó la inmediata aplicación de la Resolución 1390 de la Procuración General, y evitó de este modo que la policía tomara declaración a los testigos en sede policial, adonde habían sido trasladados con ese fin. La fiscalía avaló este procedimiento policial con la excusa de carecer de personal.
También el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial. La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora.
Por su parte, la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad decidió la desafectación preventiva de los agentes.
La detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones. Esto ocurrió en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros. Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena.
Mientras tanto, ayer por la tarde, se conoció una nueva muerte que apunta directamente a la responsabilidad de la policía bonaerense y la justicia provincial. Fue en la localidad de Chascomús. La víctima, Raúl Dávila de 22 años, había estado detenida en la comisaría desde el 27 de junio. En la noche del jueves, luego de un incendio en el calabozo donde se encontraba, Raúl fue trasladado al hospital municipal con el 50% de su cuerpo quemado. Falleció ayer por la tarde.
La policía bonaerense y la justicia deberán responder ante esta nueva muerte evitable. Raúl fue detenido luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Hasta el jueves permanecía detenido, por un hecho menor por el cual el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. La justicia no sólo rechazó su excarcelación sino que además dictó la prisión preventiva. Según la versión policial, al enterarse de esta decisión Raúl incendió el colchón del calabozo donde estaba alojado en señal de protesta.
Hoy se realizará la autopsia que estará a cargo del Ministerio Público de Lomas de Zamora y la fiscalía tomará declaraciones al resto de los detenidos. En la causa interviene el Juzgado de garantía N 5 de Dolores (descentralizado Chascomús), a cargo del Dr. Christian Sebastián Gasquet y la UFID 10 a cargo del Dr. Jonatan Robert.
Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos – en el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 hs. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava.
Las muertes de Lucas y Raúl se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich hace poco más de 70 días, y donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal.
Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos. Es imperioso revertirla con urgencia, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar.
