Por Esteban Wood (*)

Mientras proceso los datos de la tercera encuesta a estudiantes secundarios de Chascomús sobre consumo de drogas, sacudido por edades de inicio cada vez más prematuras en el uso de alcohol y por la bajísima percepción de riesgo sobre la marihuana, me pregunto si existirá forma de mensurar el enorme daño que los talibanes de la ley de Salud Mental, los pregoneros locales del romanticismo cannábico y la variopinta fauna de oportunistas y neófitos de turno, embanderados en conceptos tales como “consumos problemáticos”, “reducción de daños” y “cannabis medicinal” (ignoran toda su compleja génesis), le están causando a nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Es posible cuantificar el daño provocado por todo este nuevo ecosistema superficial, banalizador y relativista? ¿Cómo encarar la prevención y fortalecer la resiliencia en esa franja etárea cuando todo se ha vuelto tan líquido, tan naturalizado, tan posmoderno, tan… inevitable?

Ante todas estas preguntas, y existiendo en nuestra ciudad una estrategia rectora local en materia de drogas (explicitada el 26 de marzo del 2017, a través de la decisión política del intendente Javier Gastón y con el respaldo del actual diputado nacional, Daniel Arroyo), lo primero es instar a un sinceramiento que ponga en debate los dos paradigmas de abordaje de esta problemática, actualmente en pugna. Porque es una obligación decir que al igual que en el plano nacional y provincial, en Chascomús hoy estarían confluyendo dos miradas antagónicas sobre el fenómeno de las adicciones que, cual placas tectónicas, habrían comenzado a colisionar entre sí.

Una, quizás más social, que entiende la problemática del uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas como un complejo sistema multicausal en el que intervienen factores de riesgo y de protección, y que requiere de una necesaria especificidad que no puede quedar circunscripta exclusivamente a un problema de salud mental. Un enfoque que cree en la necesaria integralidad de las políticas de reducción de la demanda y de la oferta, con evaluación estadística permanente; que abraza la prevención primaria como principal herramienta de militancia, protección de derechos y transformación, que fundamenta sus intervenciones desde la evidencia científica (no la ideológica), y que sabe que aquellas personas que transitan una dependencia requieren de empatía, contención y acompañamiento cotidiano. Un paradigma que no mira hacia otro lado ante la certeza e inminencia del riesgo, sabiendo que la internación y el cese del consumo es el único rescate posible en trayectorias de vida que, de otro modo, terminarán en cárceles o cementerios.

Otra, la «antipsiquiatría», que al amparo de la ley de salud mental logró apropiarse de lo que torcidamente denomina “enfoque de derechos” para justificar el criterio de mínima intervención (rozando el abandono de persona y la paradójica vulneración de derechos) frente a situaciones de adicción; que promociona la “reducción de daños” (progresismo pedagógico para drogarse a bajo riesgo) como una forma evolucionada y moderna de suplantar las intervenciones preventivas que desalienten el uso de sustancias; que milita el accionar comunitario con la sensibilidad social que podría tener un maniquí de vidriera. Un paradigma que repite, cual canto de sirenas, el libreto de la monovalencia y la desmanicomialización (“a desalambrar” cantaba Víctor Jara) sin comprender que lo manicomial no es lo edilicio, sino las prácticas profesionales de control tan propias del modelo médico-hegemónico que tanto cuestiona, pero que aún ejercita (entre ellas, el abuso de lo farmacológico).

Concretado esta primera instancia de sinceramiento, todos los actores intervinientes podrán despojarse de sus máscaras, explicitar subjetividades e intencionalidades, fundamentar desde lo teórico y desde lo empírico cual es el mejor modelo de abordaje de la problemática, y facilitar todos los insumos que permitan a las máximas autoridades municipales ratificar o rectificar el rumbo definido hace ya cinco años, con el diseño e implementación de la Estrategia Municipal sobre Drogas.

Es tiempo de sinceramientos en el abordaje de las adicciones. Porque como cualquier elección trascendental en nuestras vidas, llega un momento en el que se debe decidir de qué lado se quiere estar. Porque no existen políticas públicas de doble comando. Porque el creciente fenómeno del uso y abuso de drogas (legales e ilegales), que hinca sus raíces en las cicatrices de la post pandemia y en un tejido social cada vez más fracturado, no admite tibiezas ni temperaturas intermedias: o se es caliente o se es frío.

*www.estebanwood.com
Magíster en políticas públicas.
Especialista en asuntos sobre drogas, adicciones y narcotráfico.